ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El drama humano de la salud pública en la República Dominicana ha chocado de frente con la cruda realidad de los números y la insuficiencia presupuestaria. La reciente declaración de Leandro Feliz, encargado de comunicaciones del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC), ha dejado al descubierto una de las crisis institucionales más alarmantes de este año 2026.
“No es porque Alto Costo no quiera, sino porque no tiene los recursos”, aseguró el funcionario, admitiendo de manera abierta que la institución carece de los fondos necesarios para incorporar a los pacientes que padecen enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como la Colitis Ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
Esta respuesta oficial, fundamentada en la simple incapacidad financiera, después del debate de cualquier retórica burocrática y coloca al Estado dominicano ante un dilema ético y administrativo insostenible: cuando los recursos no alcanzan, la falta de presupuesto se traduce directamente en una condena de muerte latente para cientos de ciudadanos.
La frialdad del dato económico adquiere un rostro trágico en los testimonios de quienes sobreviven en la lista de espera de un sistema desbordado. “Es esperando la muerte que estamos”, lamentó con crudeza el paciente Carlos Minier durante una rueda de prensa organizada por la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales Crohn y Colitis Región Norte (FUNDENICC).
El relato de Minier es el reflejo del naufragio financiero y emocional que enfrentan las familias dominicanas ante el desamparo estatal. Para costear sus tratamientos biológicos y evitar un desenlace fatal, ha tenido que desmantelar el patrimonio de toda su vida: vendió su vehículo, se desprendió de una finca de limones en Loma de Cabrera y, actualmente, mantiene su vivienda hipotecada. El caso de este paciente evidencia que el costo de las enfermedades catastróficas en el país no solo consume la salud del cuerpo, sino que aniquila de forma sistemática la estabilidad económica de la clase media y trabajadora, empujándola a la indigencia en su intento por comprar tiempo de vida.
Desde la óptica de las ciencias políticas y la administración pública, la situación del PMAC desborda la simple gestión sanitaria para convertirse en un problema de alta prioridad fiscal y gobernabilidad. Un Estado moderno no puede justificar la exclusión de ciudadanos de sus programas esenciales bajo el único argumento de la carencia de fondos, mientras coexisten otras áreas de la administración con gastos superfluos o privilegios corporativos intactos.
La eficiencia y la justicia distributiva de un presupuesto nacional se miden por su capacidad para proteger la vida humana; de lo contrario, el derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución se convierte en una simple declaración poética inaccesible para los desprotegidos. La insuficiencia de recursos en el programa de Alto Costo revela un fallo estructural en el diseño de las políticas de protección social, donde la burocracia ha terminado por normalizar la escasez a gastos de la dignidad del paciente.
El panorama inmediato para las familias afectadas y las organizaciones civiles como FUNDENICC es de una movilización urgente ante las puertas del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda. La crisis actual exige una reingeniería presupuestaria de emergencia que inyecte liquidez al PMAC, permitiendo la inclusión inmediata de las patologías crónicas que hoy se encuentran marginadas del catálogo oficial.
La República Dominicana no puede exhibir gráficos estables de crecimiento económico en sus portales digitales si, de manera paralela, sus ciudadanos tienen que subastar sus hogares en los tribunales o en las notarías para no morir en la acera de un hospital. Gestionar el Estado con empatía significa entender que las partidas presupuestarias tienen un impacto directo en la supervivencia de la gente; cada día que la burocracia pasa debatiendo sobre la viabilidad técnica del gasto, es un día menos en el reloj de un dominicano que solo cuenta con su patrimonio destruido y la esperanza de una firma oficial para seguir respirando.
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