ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La captura de un fiscal de carrera, vinculado a estructuras que él mismo debía combatir, no es solo una nota roja en el boletín policial de la semana. Es, en esencia, un sismo de alta magnitud que agrieta los cimientos del Ministerio Público y pone a prueba la resistencia de nuestra arquitectura judicial.
Cuando el brazo que sostiene la balanza resulta estar contaminado, la pregunta deja de ser quién cometió el delito para convertirse en una interrogante sistémica: ¿Quién custodia a los custodios?
Este episodio coloca a la Procuraduría General frente a un dilema de hierro. Por un lado, se intenta vender la acción como un ejercicio de depuración interna —la narrativa del "caiga quien caiga"—; por el otro, se asoma el fantasma de la persecución o las luchas de poder intestinas. Sin embargo, más allá de las interpretaciones políticas, el daño técnico a los procesos judiciales en curso es una realidad que no admite maquillaje.
La entrada de un fiscal al banquillo de los acusados abre una "caja de Pandora" para las defensas técnicas en casos emblemáticos. No es difícil vaticinar el festín de incidentes que vendrán: alegatos de pruebas contaminadas, cuestionamientos al sesgo de las investigaciones y solicitudes de nulidad.
Si quien diseñó la estrategia de acusación en expedientes de corrupción o crimen organizado carece hoy de credibilidad moral, el impacto se traslada, por carácter transitivo, a la robustez de esos expedientes. No se trata necesariamente de impunidad automática, pero sí de una ventana de oportunidad para que los procesos se dilaten, se reestructuren o, en el peor de los casos, se debiliten hasta el colapso.
El mayor perjuicio, sin embargo, no ocurre en los tribunales, sino en la psique colectiva. La justicia no solo debe ser independiente, sino que debe proyectar una imagen de integridad inquebrantable.
Casos como este alimentan el peligroso cinismo social del "todos son iguales", erosionando la legitimidad de la lucha contra la corrupción que tanto ha costado construir en el imaginario dominicano. Cada vez que un investigador es investigado, el ciudadano común siente que el terreno que pisa es menos firme.
Este escenario nos obliga a mirar hacia arriba, hacia los controles internos que fallaron. ¿Cómo es posible que figuras bajo sospecha participaran activamente en casos de alta sensibilidad? La ausencia de filtros de integridad y supervisión constante en órganos como el PEPCA o las fiscalías especializadas no es solo un error administrativo; es un riesgo de seguridad nacional.
La justicia dominicana se encuentra hoy en una etapa de redefinición dolorosa. El verdadero éxito de esta crisis no será simplemente lograr una condena contra el fiscal imputado, sino demostrar que el sistema tiene la capacidad de autocorregirse sin canibalizarse.
Gobernar una institución en crisis requiere transparencia absoluta, pues la línea que separa la limpieza institucional de la vendetta política es tan delgada como el hilo de una sentencia. El Ministerio Público tiene ante sí el reto de recoger los pedazos de su espejo roto y volver a mirar a la sociedad de frente, sabiendo que la credibilidad, una vez perdida, no se recupera con boletines, sino con una coherencia que no deje lugar a la duda.
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